Hablemos de inequidad salarial, pero hablemos en serio

COMUNICADO DE LA C.G.T

Hablemos de inequidad salarial, pero hablemos en serio:

El Gobierno quiere engañar al pueblo

Después del fracaso del paquetazo fiscal ,  luego de que se ha dejado en la completa impunidad el festín de las consultorías con el BCIE encabezado por Rodrigo Arias y el caso ICE-ALCATEL que evadió Figueres , luego de que destaparon los vergonzosos casos de evasión fiscal del ex ministro Herrero y los chorizos de tráfico de influencias que involucran al vicepresidente Liberman y al ministro de Educación Garnier, relacionados en la contratación de asesorías a la consultora Procesos, propiedad de Flor Isabel Rodríguez, esposa de Herrero, y por si fuera poco, después del monumental escándalo de corrupción evidenciado con la construcción del Trocha fronteriza; el gobierno de Chinchilla se ve obligado a sacar el arsenal pesado, dos proyectos de Ley,  el llamado Plan B: la Ley de manejo eficiente de las finanzas públicas y la semana anterior anunció la siguiente movida, el plan C: la Ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público.

Les llamamos plan B y plan C para nombrarlos con mayor facilidad, pero estos dos proyectos en realidad son complementarios y representan una arremetida brutal en contra de la clase trabajadora y contra el patrimonio público de las y los costarricenses.

El plan B

De aprobarse el plan B, todas las instituciones públicas pasarían a estar reguladas por la Autoridad Presupuestaria; es decir, cuando lo deseable sería que instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia ganaran autonomía, el gobierno de Chinchilla realiza el esfuerzo contrario, quitarle autonomía a la Caja Costarricense del Seguro Social, a las universidades públicas y a las municipalidades, para tener un mayor control de los recursos y los presupuestos. Esto es muy peligroso, porque permitiría una mayor injerencia del Poder Ejecutivo sobre las instituciones, lo cual podría facilitar procesos de debilitamiento institucional en instituciones clave. Sabemos, por ejemplo, que existe una política de deterioro institucional en la CCSS que se ha venido aplicando desde hace muchos años, cuyo objetivo es obligar a la población asegurada a recurrir a los servicios privados de salud. De aprobarse este fortalecimiento de la Autoridad Presupuestaria podrían utilizarse una mayor cantidad de mecanismos burocráticos para debilitar al seguro social.

El discurso del gobierno plantea que lo que buscan es hacer un manejo más eficiente de los recursos públicos, pero en realidad lo que pretenden es tener más recursos  para que el Poder Ejecutivo pueda usarlos a su antojo. Veamos el proyecto con más detalle:    en el Artículo 6° dice textualmente: “Autorizase a las instituciones públicas y los órganos desconcentrados  que prestan servicios públicos divisibles para que cobren por estos. Los recursos obtenidos de dicha forma serán utilizados para asegurar el funcionamiento de la institución, incluyendo el financiamiento de sus gastos operativos y el pago de su planilla”. Más adelante, en el mismo artículo 6° establece que las instituciones públicas y los órganos desconcentrados, de aprobarse el proyecto de ley, después del primer año deberá cubrir con estos cobros el 25% de sus gastos, y aumentará un 25% por año, de manera tal que después de cuatro años las instituciones públicas, independientemente de si son rentables o no, estaránobligadas  a vender servicios para poder subsistir y el gobierno central se libraría de su obligación de financiamiento, dejando recursos libres para el gobierno central.Por otro lado, en el artículo 8° dice que las instituciones deberán transferir el 25% de sus utilidades al Poder Ejecutivo. El artículo 4° dice: “Las entidades públicas deberán reintegrar al Fondo General del Gobierno, las sumas correspondientes a superávit libre…”. Es decir, el objetivo de este proyecto de ley es, por un lado, aumentar el control que el gobierno central tiene sobre las instituciones autónomas y los órganos desconcentrados y, por otro lado, reducir la cantidad de dinero que se invierte en las instituciones públicas, aumentando así los recursos del Fondo General del Gobierno, conocida como caja única del gobierno central.

El plan B lo que pretende es una especie de privatización solapada de los servicios públicos que brindan las instituciones, pues al obligarlas a financiarse con las ventas de servicios, lo que hacen es trasladarle a la población usuaria los costos. Como no lograron aprobar el paquetazo de impuestos ahora pretenden dejar los recursos recaudados por los impuestos en la caja única del estado y trasladarle a la población usuaria el costo de los servicios. Es decir, en la práctica, vamos a tener que pagar dos veces por recibir los servicios públicos: en los impuestos que nos rebajan, porque ya existen impuestos para financiar las instituciones, y  a la hora de recibir los servicios públicos que necesitemos, nos van a volver a cobrar por usarlos.

El plan C

Con el plan C, que en realidad es como un complemento del plan B, el gobierno de Laura Chinchilla pretende equiparar hacia abajo los salarios de las y los funcionarios públicos.

El plan C plantea, en la práctica, la eliminación de las convenciones colectivas en el sector público, en el artículo 7° el proyecto de ley dice textualmente: “Toda convención colectiva nueva o su renovación, así como todo reglamento, contrato, convenio, acuerdo, estatuto o acto que permita el otorgamiento de beneficios económicos deberán entenderse limitados por esta ley. Cuando las convenciones colectivas suscritas en el Sector Público contengan cláusulas que establezcan que la convención se mantiene vigente hasta tanto se negocie una nueva, se entenderá que el plazo para una nueva negociación no puede exceder el plazo de 6meses.Superado ese plazo sin que se concrete la nueva negociación, la administración procederá a denunciar la convención colectiva correspondiente.” El gobierno ha insistido en su discurso que no se afectarán los derechos de las y los trabajadores que actualmente laboran para el estado; sin embargo, cuando se denuncien las convenciones colectivas vigentes, no solamente se afectarán los funcionarios que vienen entrando a la función pública sino a todas y todos los trabajadores de la institución en cuestión.

Algunos de los derechos adquiridos que se verían afectados con esta ley sería el de la ruptura del tope de cesantía que existe en algunas instituciones del Estado, así como el pago de las incapacidades. Un poco lo que ya habíamos planteado anteriormente, la aplicación de estas medidas para las y los trabajadores de la CCSS era la punta de lanza, una especie de laboratorio social que ejecutó con mucha frialdad y eficacia Ileana Balmaceda, un poco como para tantear el terreno. Ahora que lo han aplicado con éxito, pretenden extenderlo al resto de funcionarios y funcionarias públicos. Pero también el proyecto de ley arremete contra la dedicación exclusiva, la disponibilidad y las anualidades.

Para justificar todo esto el gobierno ha hecho un enorme despliegue mediático, diciendo que los funcionarios públicos son abusivos y que por los enormes privilegios que tienen el gobierno está quebrado. Sin embargo, si el Gobierno de Laura Chinchilla está dispuesto a discutir sobre la inequidad salarial, en la Central General de Trabajadores estamos dispuestos y dispuestas a tomarle la palabra. Pero empecemos por establecer con claridad en dónde es que están verdaderamente los privilegios y los abusos.

Atando Cabos

En un artículo publicado en El financiero, la última semana del mes de febrero de 2010, que lleva por título “Bajos salarios atan al gabinete”  se expone de manera dramática lo que se considera es “el dilema de la Presidenta”: “El salario promedio de un ministro puede representar apenas de un 60% a un 70% del ingreso de un miembro de una junta directiva, un 40% del salario de un gerente exitoso, y menos de un 20% de un presidente de empresa con experiencia, según estimaciones del mercado de la firma Manpower.” En el mismo artículo se plantea que los salarios de las y los jerarcas institucionales, no sólo no son competitivos con el sector privado, sino que tampoco lo son con relación al resto de Centro América; que por ejemplo, en Panamá ganan el doble que aquí y que los salarios que se reciben en México, Chile o Colombia simplemente dejan “al país perdido”. En el artículo se dice que Laura Chinchilla afirma que será muy difícil llenar los puestos de su gabinete con los salarios disponibles, pues un salario de $4.200 al mes no es atractivo y coincide con Rodrigo Oreamuno, ex vicepresidente y ministro de la presidencia durante el gobierno de José María Figueres, que es necesario aumentar los salarios del gabinete, pero que esta reforma, por ser impopular, la debe realizar un gobierno saliente.

¿Para qué quiere entonces el gobierno de Laura Chinchilla aumentar, mediante el control y la restricción del gasto de todas las instituciones públicas, la caja única del Estado, y al mismo tiempo reducir los salarios de las y los funcionarios públicos? ¡Pues claro!, para aumentar el salario de las y los políticos empresarios que nos mal gobiernan; para seguir pagando sumas millonarias por consultorías a compadres y comadres, como las que le pagaron a la empresa Procesos; para continuar haciendo trochas “mochas”, como la que hicieron en la frontera norte, para seguir con el mecanismo de la concesión de servicios a terceros y la concesión de obra pública y así continuar privilegiando a amigotes y amigotas, testaferros y socios, que ya de por sí son de la gente más privilegiada de este país.

Las y los políticos empresarios, que tienen el control del gobierno, también tienen el control de las empresas, esas mismas empresas que dirigen y de las cuales extraen ganancias multimillonarias, a costa del trabajo de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, ingresos tan enormes que hace que arruguen la cara al ver los salarios de más de $ 4.000 que paga el Estado costarricense  a las y los altos funcionarios, con los impuestos que se le cobra  a todo el pueblo.

Son estos mismos políticos empresarios, los mismos que se rasgan las vestiduras en las páginas de El Financiero, los que están tratando de convencer a las y los trabajadores del sector privado que las y los trabajadores del sector público son unos abusivos y que los sindicatos solamente defienden privilegios. El problema no es que los sindicatos del sector público defiendan las convenciones colectivas y los derechos adquiridos, el problema es que las y los trabajadores del sector privado no tienen ni siquiera los derechos mínimos, no tienen ni siquiera derecho a organizarse, pues, aunque en la Constitución Política diga que en Costa Rica existe y se respeta la libre sindicalización, todo mundo sabe que, en la empresa privada, las y los trabajadores que intentan organizarse son despedidos y despedidas, perseguidos y perseguidas por sus patronos con técnicas muchas veces gansteriles. Cuando las y los trabajadores de la empresa privada no les pagan horas extra, cuando son sometidos y sometidas a hostigamiento sexual o laboral, cuando tienen sobrecarga laboral, tienen solamente el derecho de quedarse callados y calladas y seguir trabajando; porque en este país la democracia se acaba cuando las personas cruzan la puerta de la fábrica o la empresa.

¿Quieren entonces hablar de equidad salarial y laboral? Está bien, hablemos, pero hablemos en serio.

Pueblo de Costa Rica: No traguemos el anzuelo, no nos dejemos engañar: arrebatando los derechos y congelando los salarios de las y los trabajadores públicos, los sectores dominantes lo único que quieren es tener más recursos para continuar enriqueciéndose a manos llenas, saqueando los recursos del Estado, y al mismo tiempo, destruir las organizaciones sindicales. ¡No lo permitamos!

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

CENTRAL GENERAL DE LAS Y LOS TRABAJADORES (CGT)