Ante-proyecto presentado ante Comisión Negociadora de Salarios del
Sector Público
Brutal ofensiva contra los
Brutal ofensiva contra los
salarios y derechos laborales
Las poses conciliadoras con las que el gobierno presentó a los
representantes sindicales el ante-proyecto de ley denominado "Ley
para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del
sector público", llamando demagógicamente a discutirlo con “gran
seriedad, responsabilidad y ánimo constructivo”, haría pensar a cualquier
despistado que se trataba de una propuesta para mejorar las condiciones
salariales de las y los empleados del sector público.
La motivación principal, según declararon uno a uno los tres ministros
presentes (Trabajo, Hacienda y MIDEPLAN), es terminar con la inequidad
salarial dentro del sector público.
“No es posible que una secretaria gane en el Gobierno Central un salario
hasta cinco veces menor que la que realiza la misma función en otra institución
del Estado” –manifestaron las autoridades.
“No puede ser que algunos ganen hasta 12 millones de colones, cuando
tienen un salario base de 800 mil” –insistieron.
¿Y cómo proponen cerrar esa brecha salarial? Veamos algunas de sus nefastas propuestas:
- Sobre los derechos adquiridos y
situaciones jurídicas consolidadas:
En la página 56
dice: “Nuevas condiciones pueden
perfectamente regir no sólo para los nuevos servidores públicos, sino
también que puede regir, para todos aquellos que al momento de su
vigencia, o bien, al momento de finalización de la vigencia de una
convención colectiva, tuvieran una mera expectativa de derecho, y no un derecho subjetivo o una
situación jurídica consolidada.
“En síntesis, es
perfectamente de acuerdo con la Constitución Política, la variación que se haga
de expectativas de derecho para quienes las tengan conforme a la legislación
anterior.”
Esto es, ni más ni menos, que los empleados públicos que por convención
u otra norma han roto el “tope” del auxilio
de censantía, no recibirán más que 8 años por ese monto (ver artículo 8º
del ante-proyecto, pp.71).
- Denunciar (finalizar) las Convenciones
Colectivas: Como una parte de los empleados públicos
ve regido la materia de salarios y
pluses salariales, por medio de Convenciones Colectivas, la única manera
de suprimir esos derechos “es
denunciando la convención colectiva”.
Y con una claridad que no deja lugar a engaños, dice enseguida:
“Debido a un cambio en
la jurisprudencia (de nuevo gracias a la
Sala IV), los derechos provenientes de convenciones colectivas fenecen (desaparecen-
nota nuestra) íntegramente con el
vencimiento o denuncia de las mismas.
(…) Hoy en día, la denuncia de
las convenciones colectivas deja sin efecto los derechos que ella reconocía”
(pp. 57).
Y entonces, para que no quepa ninguna duda, en el Transitorio 1
proponen:
“Los jerarcas de las instituciones públicas cubiertas por el ámbito de
aplicación de esta ley deberán denunciar las cláusulas de las convenciones colectivas
relativas a incentivos, pluses o cualquier oro beneficio económico adicional al
salario base en el plazo indicado en el último párrafo del artículo 64 del
Código de Trabajo.
“Extinguida la vigencia
de las convenciones colectivas, los beneficios económicos que se perciban
deberán sujetarse a las disposiciones de esta ley.” (pp. 74)
- Pero como además de
desmontar los pluses dados por convención colectiva, el ante-proyecto la
emprende en contra de:
-
Dedicación Exclusiva: “En ningún caso la dedicación exclusiva podrá
considerarse un derecho adquirido ni un beneficio permanente…” (artículo 10º,
pp. 72).
-
Disponibilidad: Se restringe su aplicabilidad y su monto a un 15%
del salario base (artículo 11º, pp. 72).
-
Subsidios por enfermedades: Se suprime la parte del subsidio que en la
actualidad otorga el patrono, de manera que el monto del subsidio será
únicamente el pagado por la CSSS (60%) o por el INS (85%).
-
Anualidades: El monto
por éste concepto no podrá sobrepasar el 2.54% del salario base. (artículo 15º;
pp. 73).
Esa es la declaratoria de guerra del Gobierno contra las y los
trabajadores públicos que cínicamente la presenta tendiente a “restablecer la
equidad salarial” en el sector público.
Así es como el Gobierno de Laura Chinchilla nos quiere llevar a un
régimen salarial en el que cualquier incentivo o plus será visto como un
“privilegio”; un régimen en el que las convenciones colectivas se entienden
como fuentes de inequidad; en fin, un régimen salarial que busca la igualación
“a la baja”, para resolver el problema del déficit fiscal por el lado del gasto
y a costa de los empleados públicos, y
no por el lado de los ingresos, cobrando impuestos a los que acumulan más y más
riqueza.
Por otra parte, se suma esta ofensiva
al otro anteproyecto de ley impulsado por el Gobierno llamado de:
”Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas”,
que interviene en la gestión, organización y ejecución (definiendo directamente en qué deben invertir
su presupuesto) de todas las instituciones públicas, alegando que son ineficientes en el manejo
presupuestario, liquidando así la autonomía, como en el caso de las
Universidades Públicas.
La CGT llama a todos los sindicatos, a las trabajadoras y los
trabajadores del sector público, afiliados y afiliadas, a estar alerta y prepararse
para la lucha en las calles.
Central General de las y los Trabajadores (CGT)
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