Lo mejor era retirarse
de la mesa
El Movimiento Sindical ha venido sosteniendo desde el 2010 que la
fórmula utilizada para calcular los reajustes semestrales para los empleados
públicos, no hace sino congelar el salario real. El Gobierno, por su parte, se ha negado
negociar una nueva fórmula, pero sí en cambio se atrevió, en ocasión del
reajuste anterior, a desaplicar de manera unilateral la fórmula concertada en 2007 y a fijar un
reajuste de monto fijo e inferior a la inflación.
También el Movimiento Sindical ha planteado que se está creando una
enorme brecha entre los servidores profesionales y los no profesionales,
creando, en la práctica dos categorías de trabajadores dentro de la
administración pública central: un sector de bajos salarios y otro con salarios
relativamente altos.
Sin embargo, durante la sesión de medio período de la Comisión
Negociadora de Salarios del Sector Público, representantes de organizaciones
laborales como Rerum Novarum, Central Juanito Mora, CCTD, CMTC y FIT-ICE
coincidieron con el gobierno y aceptaron aplicar un ajuste menor a los
trabajadores públicos que reciben los salarios más bajos. La Central General de
Trabajadores (CGT), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y
la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) rechazaron la imposición gubernamental.
Realmente no se negoció nada en materia de reajuste salarial. El 2.66% corresponde a la inflación vencida y
el 1% adicional, a la negociación del semestre anterior, alcanzada por medio de
una huelga. De manera que suscribir un
acuerdo como ese, donde no se avanza nada en nuestro propósito de romper el
congelamiento del salario real, sino que se consolida la fórmula del 2007,
incluso avalando un reajuste diferencial e inferior para los salarios más
bajos, nos parece un retroceso en la lucha por cambiar la política salarial
restrictiva del gobierno de Laura Chinchilla.
Ese 30% de servidores que recibirán un 2.66% y no un 3.66%, nunca
entenderá que se trataba de compensar la diferencia del reajuste que se les
aplicó a los profesionales en el primer semestre. Y es que no tienen por qué entenderlo ni
aceptarlo, porque nosotros mismos, en todas las propuestas que hemos presentado
conjuntamente, hemos señalado que esa fórmula de reajuste por IPC no hace más
que congelar los salarios y, además, que debería aplicarse la política de
“percentiles” a los no profesionales.
¿Que no era posible negociar un cambio de fórmula o un reajuste
superior para los no profesionales? En ese caso, el grueso de la cúpula
sindical es responsable de ello, por que no ha preparado concienzudamente la
movilización, pero en todo caso, era mejor no suscribir el acuerdo y dejar que
fuera el gobierno, en solitario, el que aplicará la fórmula regresiva que
aplica, y no legitimar su ofensiva antiobrera.
¿Para qué acompañar al Gobierno en una decisión que castiga con un
reajuste diferenciado al sector más golpeado por la política salarial
restrictiva de éste Gobierno?
No encontramos ninguna razón lógica para semejante actitud, excepto
que los sectores sindicales colaboracionistas que así lo hicieron tienen una
política que en los hechos permite que el gobierno salga bien librado de esta
nueva embestida contra las trabajadoras y los trabajadores, así como lo han
hecho antes en el caso de la aceptación en el semestre anterior del ridículo
ajuste salarial de 5000 colones, con la aceptación de la farsa del “trabajo
decente” de cara a la OIT, y con su aceptación de la negativa a erradicar los arreglos directos y
los comités permanentes antisinciales con su vergonzoso apoyo al proyecto
de reforma procesal laboral. Definitivamente
lo mejor era levantarse de la mesa, como sí lo hicieron la CGT, la APSE y la
UNT y empezar a preparar la lucha por el aumento salarial del próximo semestre.
CENTRAL GENERAL DE TRABAJADORES
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