DESCARADA BURLA A LA LIBERTAD SINDICAL
Y A LA LEGALIDAD COSTARRICENSE
Y A LA LEGALIDAD COSTARRICENSE
Nos avergüenza este Ministro de Trabajo y sus cómplices
No sorprende la inscripción arbitraria e ilegal de un grupo de trabajadores afines a la Casa Presidencial en sustitución de la legítima la Junta Directiva del sindicato SINTRAJAP, acto éste perpetrado por el Ministro de Trabajo y su Oficina de Organizaciones Sociales.
Desde que ocupamos el Despacho del Ministro de Trabajo, procuramos que éste jerarca diera garantías mínimas de que respetaría el Estatuto del Sindicato y los Convenios de la OIT ratificados por nuestro país y, no obstante, abandonamos esa Oficina sabiendo que se burlaría del régimen legal.
Para nosotros en la Central General de Trabajadores esta es una muestra clara de que se agotaron las vías legales para resolver un conflicto promovido desde la propia Casa Presidencial. El Gobierno de Arias, utilizando a un grupo de trabajadores como instrumento manipulado y comprado, ha quitado de en medio los obstáculos para avanzar en el gran negocio de la concesión de los muelles de Limón. Y en esa estratagema vergonzosa, el Ministerio de Trabajo ha sido cómplice. Es una verdadera vergüenza que recurrieran al abuso del poder, utilizando primero al Ministerio de Salud para impedir la realización de una asamblea sindical y luego al Departamento de Organizaciones Sociales para consumar un “golpe de estado” a la Junta Directiva legítimamente constituida.
La intervención descarada en una organización sindical para destituir a una junta directiva que se oponía a los planes del Gobierno, fue el costoso precio que decidió pagar el Ministro de Trabajo para congraciarse con sus jefes. Por eso exigimos su renuncia del Ministro de Trabajo.
Si el Gobierno y sus cómplices violan la legalidad sin ninguna vergüenza no esperen que los y las trabajadoras nos quedemos cruzados de brazos esperando que caiga la guillotina. Es nuestro deber organizar la lucha por la defensa de independencia sindical en Costa Rica.
En ésta lucha, que es una lucha por la democracia, porque “sin sindicatos no hay democracia”, deberían acompañarnos todos aquellos ciudadanos, organizaciones y partidos políticos que creen en el respeto a las leyes y en el derecho a la organización. Si éste intervención gubernamental en los asuntos internos de un sindicato queda impune, se estaría abriendo una puerta al uso arbitrario y abusivo del poder para reducir cualquier oposición al Gobierno de turno.
San José, 23 de febrero del 2010.
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