Central General de Trabajadores CR

RECHAZAMOS CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA EN LA UCR

Señora
Dra. Yamileth González
Rectora UCR

Ante la publicación digital de fecha 11 de enero del 2011 en el portal electrónico del Semanario Universidad, suscrita por el periodista Javier Córdoba, en el cual la Rectora y miembros del Consejo Universitario de ser victimas de secuestro, manifestamos nuestro absoluto rechazo a la presunta presentación de demandas penales contra las y los dirigentes sindicales Rosemary Gómez, trabajadora social, secretaria general del SINDEU, David Morera, sociólogo, secretario de formación del SINDEU y secretario general adjunto de la CGT, Alfredo Mesén, abogado y funcionario de la Vicerretoría de Acción Social, secretario de conflictos del SINDEU, Olman Rojas, ex miembro de la Junta de Relaciones Laborales de la UCR y directivo de la Seccional de Seguridad y Tránsito del SINDEU, Silvia Herrero, ex presidenta de la FEUCR, Keneth Salazar y Verónica García, anteriores representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario, las y los sucritos reunidos en el SINDEU el día 17 de enero del 2011, MANIFESTAMOS:

1.- Las protestas que se realizaron el 26 de agosto y días subsiguientes en las Universidades Públicas de la UCR, UNA y Tecnológico, en la sede Rodrigo Facio, incluyendo la acción en los edificios de la rectoría y de Ciencias Sociales en la UCR, en las sedes regionales y de la rectoría de la Universidad Nacional, obedecieron a la legítima protesta y malestar del movimiento estudiantil y sindical al considerarse burlados y violados los compromisos previos de mantener el 13%, en virtud de la firma inconsulta de CONARE del V Convenio FEES, con consecuencias severamente restrictivas para las universidades públicas.

2.- Que no existió agresión física ni verbal ni retención de autoridad universitaria alguna por parte de la dirigencia sindical y estudiantil a raíz de los hechos mencionados.

3. Que de concretarse las anunciadas demandas penales, no solo se impone un curso autoritario en al Universidad, que es coincidente con la política represiva de “mano dura” del gobierno, que además violenta de manera flagrante el acuerdo que autoridades universitarias firmaron con las dirigencias estudiantil el 29 de agosto del 2010, para proceder a suspender la protesta en la rectoría, en el sentido de que no se tomarían represalias de ninguna índole contra los manifestantes.

EN CONSECUENCIA, llamamos a las autoridades universitarias a cesar cualquier acción penal, administrativa o laboral contra la dirigencia sindical y estudiantil, aclarando la nota publicada en el Semanario Universidad antes mencionada; y nos solidarizamos plenamente con las y los compañeros universitarios de la Universidad de Costa Rica perseguidos y que daña profundamente las libertades democráticas de nuestro país promoviendo el miedo como método de represión de la lucha social.