Las Universidades públicas (UCR, UNA, ITCR, UNED) son una herramienta decisiva para promover la cultura y el mejoramiento de la calidad de vida de nuestro pueblo, por lo que rechazamos la tendencia neoliberal de restringir el desarrollo del país, debilitando el financiamiento de las universidades públicas y con esto, negando cada vez más el acceso a la misma a los sectores empobrecidos de nuestra población. El presupuesto de las universidades públicas del país lo garantiza el Artículo 85 de la Constitución Política, que establece un Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que, administrado por el Banco Central, debe ser entregado a cada una de las instituciones, según la distribución que estas mismas acuerdan en una instancia coordinadora llamada CONARE conformada por las Rectorías –de cada una de ellas.
En términos generales el FEES permite dar condiciones de estudio y de trabajo a estudiantes, docentes, investigadores (as), trabajadores y trabajadoras del sector administrativo, ejecutar proyectos de acción social y extensión, mantener acervos bibliográficos, equipo audiovisual y tecnológico, etc. Así por ejemplo, los programas de vida estudiantil como becas y residencias para los y las estudiantes de escasos recursos y provenientes de zonas rurales, son decisivos para ampliar el acceso a la educación superior para los sectores populares. Por otra parte, la acción social y extensión universitaria cumplen un papel importante para atender necesidades de las comunidades, como por ejemplo, ha ocurrido con la lucha por el agua de la comunidad de Sardinal, la lucha contra la expansión piñera y contra la minería a cielo abierto en Crucitas, la defensa de los muelles del Caribe, etc.
El gobierno de Laura Chinchilla pretende cercenar el presupuesto universitario, reduciéndolo a un exiguo 1.2 % del Producto Interno Bruto (PIB), en momentos en que este indicador tiende a contraerse, como efecto de la contracción de la economía, lo que no llega siquiera a un crecimiento real del 4 % de dicho presupuesto. POR TANTO, RESOLVEMOS:
1) Sostener la necesidad de un crecimiento nominal del presupuesto universitario de alrededor de un 24 %, propuesta que originalmente hiciera CONARE, no obstante, de acuerdo a lo que el mismo CONARE señala en este momento, reivindicamos al menos un 13 % de crecimiento real del FEES, más el porcentaje de inflación que corresponda.
2) Advertir que no aceptamos que se financie con deuda interna ni externa a la educación superior pública, sino con recursos sanos del presupuesto nacional, de manera que no se preste para sucios negocios de organismos usureros internacionales. Asimismo rechazamos el mecanismo de los fideicomisos para financiar la educación, porque amparan la compra de servicios a la empresa privada y la hipoteca de los activos adquiridos.
3) Demandar a las rectorías y autoridades universitarias, que más allá del diferendo en torno a porcentajes o montos globales, quede claramente establecida y garantizada la inversión adecuada en materia de becas, mayores recursos y descentralización para las Sedes y Recintos regionales, una política para solucionar la magnitud del interinazgo y que garantice estabilidad laboral y condiciones dignas de trabajo, mayor apoyo y financiamiento para la extensión y la acción social que beneficie a las comunidades y al pueblo en general, y finalmente, una política para eliminar gradualmente mecanismos de contratación de servicios privados y fundaciones, que se orientan hacia la privatización de la educación pública.
4) Demandar al CONARE que para el proceso de negociación del convenio FEES se incluya la participación democrática de la comunidad universitaria mediante la convocatoria en cada Universidad de una Asamblea o foro universitario abierto, incluyendo los sectores estudiantiles, docentes y administrativos, si distingo alguno, donde se discuta una propuesta de crecimiento presupuestario y un plan de lucha general para la comunidad.
5) En lo inmediato llamamos a organizar sin demora Asambleas en cada unidad académica, sedes, recintos y centros de trabajo, que agrupen a estudiantes, docentes y administrativos, sin distingo alguno, que voten las medidas de lucha democráticamente, y organicen autónomamente comités de lucha que garanticen las tareas que se requieran, de divulgación en las comunidades y colegios, organización interna, movilización, suministros y seguridad.
6) Promover en las cuatro universidades públicas, EL 15 DE JUNIO JORNADA DE PARO ACTIVO Y MOVILIZACIÓN HACIA CASA PRESIDENCIAL, coincidiendo en esa fecha con la próxima reunión de la Comisión de Enlace entre el Gobierno y CONARE para la negociación del presupuesto universitario y la sesión del Consejo de Gobierno.
7) Establecer que, de no alcanzarse una negociación satisfactoria el 15 de junio, demandaremos, convocaremos y prepararemos una HUELGA INDEFINIDA, hasta derrotar la intransigencia del Gobierno y asegurar un Presupuesto justo para las Universidades Públicas.
SINDICATO DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (SINDEU), SINDICATO DE TRABAJADORES/AS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL (SITUN), ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS/AS DEL INSTITUTO TECONOLÓGICO DE COSTA RICA (AFITEC), UNIÓN DE EMPLEADOS/AS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA (UNEUNED). FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (FEUCR), FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL (FEUNA), FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO (FEITEC).
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